En el contexto actual, la planificación alimentaria y territorial participativa se plantea como una herramienta útil para promover la salud y la seguridad alimentaria y nutricional de la ciudadanía, fomentar la sostenibilidad del agroecosistema metropolitano y regenerar vínculos resilientes y saludables entre la ciudad y los territorios agrícolas y rurales de proximidad frente a diversos fenómenos de escala global y local.

A escala global, la producción de alimentos y el acceso a estos se vuelve un desafío en el medio y largo plazo. La crisis climática se ha agravado aceleradamente en los últimos años y sus consecuencias se vinculan con un potencial aumento del precio de los alimentos del 80%. Este escenario se torna aún más crítico, si se considera que el crecimiento poblacional, principalmente urbano, será tal que para el año 2050 se requerirá aumentar la producción de alimentos en un 70%. Complementariamente, fenómenos como el acaparamiento de tierras, la concentración de tierras y agua en manos de pocas empresas, la deforestación, o la producción industrial de alimentos, este último entendido como meras mercancías en cuyo proceso productivo hay una alta tasa de malbaratamiento, dificulta aún más este desafío. Las repercusiones de este modelo de producción global impactan tanto en la salud de las personas como en la salud territorial y de los ecosistemas.

A escala nacional, el modelo productivo agrícola se ha polarizado orientándose, por una parte, hacia un modelo industrial orientado a la exportación, altamente tecnificado y con una importante inversión extranjera y, por otra parte, hacia un modelo agrícola de pequeña escala, orientado al abastecimiento del mercado local, con baja tecnificación y basado en la agricultura familiar campesina e indígena. En paralelo, la política agraria nacional se ha centrado en posicionar a Chile como potencia agroalimentaria de contraestación a escala mundial. Por otra parte, en la microescala se ha enfocado en apoyar la comercialización de la producción local, sin embargo, esto no se ha realizado bajo una planificación alimentaria y territorial integral que pueda resolver los problemas existentes en el ámbito urbano y su vínculo con lo rural.

Además, la inseguridad alimentaria y nutricional en Chile, entendida como la falta de acceso físico y económico a alimentos saludables para su consumo de forma permanente, se ha reposicionado en los últimos años en la agenda pública tras algunas décadas en las que se consideraba que el país se encontraba alejado de esta amenaza. Según el reporte del Estado de la Inseguridad Alimentaria (SOFI 2020) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), un 15% de la población chilena (2,9 millones de personas) presenta algún tipo de inseguridad alimentaria de nivel moderada a severa, lo cual implica que no hay garantía respecto al acceso a una alimentación nutritiva, variada, balanceada y permanente. Además, los hogares con presencia de personas vulnerables (menores de 18 años y adultos mayores) presentan una mayor preocupación al no tener alimentos en cantidad suficiente para cubrir necesidades. Reflejo de esta problemática es la malnutrición de nuestro país, donde 31,2% de la población padece de obesidad, el 39,8% de sobrepeso y el 12,3% tiene sospecha de diabetes mellitus.

Por otra parte, Chile se ha encontrado expuesto a diferentes crisis y emergencias naturales, socio-políticas y sanitarias en la última década que han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer la resiliencia alimentaria de nuestras ciudades y territorios mediante la diversificación del sistema alimentario urbano y el fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales para asegurar un abastecimiento estratégico y sostenible.

A escala regional, en la Región del Biobío el 35,5% de la población padece obesidad, estando por encima del promedio nacional, con lo cual casi la totalidad de las comunas cuentan con ordenanzas u otros instrumentos municipales dedicados exclusivamente a la mejora del estado nutricional de sus habitantes. Con ello, asegurar el acceso a alimentos saludables es primordial para reducir la obesidad y sobrepeso en la región.

La producción agrícola de pequeña escala de la Región, además de los problemas propios del sector agrícola, enfrenta graves conflictos territoriales relacionados con el agua, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad. Respecto al agua, al igual que gran parte del territorio nacional, la Región se encuentra con una importante escasez hídrica que deviene de un largo periodo de sequía explicada por causas antrópicas, por una histórica regulación del agua que ha permitido su privatización y por la agresividad de las extensiones de monocultivos forestales.

Cabe destacar que la presencia de la industria forestal está altamente extendida en la Región del Biobío, resultando en que más de la mitad de la superficie regional está cubierto por monocultivos de especies exóticas. El modelo productivo de esta industria ha tenido fuertes impactos en los usos del suelo, generando consecuencias directas e indirectas en la producción local de alimentos. Respecto a la degradación de los suelos, esta ha derivado en que la Región del Biobío cuente con un tercio de sus comunas con un estado de desertificación entre moderado y grave.

A su vez, vinculado con la extensión de monocultivos (tanto agrícolas como forestales) el uso de agroquímicos y la tala de bosques, ha contribuido a la pérdida de la biodiversidad de la flora y fauna regional, alterando la salud de los ecosistemas.

A pesar de contar con un escenario crítico, estudios recientes han evidenciado la regeneración de sistemas alimentarios locales presentes en el AMC durante la última década, que están contribuyendo a transitar a una producción más sostenible, mejorar el acceso a alimentación saludable y nutritiva, sostenible, justa y de proximidad y a diversificar el sistema alimentario urbano. Este impulso se basa en múltiples esfuerzos que actores territoriales despliegan como parte de propuestas que deben ser visibilizados para acrecentar su impacto en una red más amplia de trabajo colaborativo. Su fortalecimiento apuntaría sin duda a una mejora de la salud de la ciudadanía y territorial del AMC.

En el actual contexto de los sistemas alimentarios locales del Ámbito Metropolitano de Concepción (AMC) surge la oportunidad, mediante un proyecto de vinculación con el medio de la

Universidad del Bío-Bío (UBB2195), de posicionar en la agenda política local la alimentación como eje transversal y visibilizarla a través de una propuesta de planificación estratégica y de gobernanza asociada construida con los actores relevantes del sistema. Esto implica reflexionar en conjunto sobre cómo producir, distribuir, comercializar, acceder y consumir alimentos saludables, sostenibles, próximos y justos, pero también sobre cómo ordenamos y planificamos nuestro territorio.

Es por ello que la UBB, de la mano de actores estratégicos como FAO, el Gobierno Regional del Biobío y la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío, llama a los municipios y a los actores implicados o con interés en los sistemas alimentarios locales a articularse para desarrollar una Estrategia de Sistemas Alimentarios Locales para el Ámbito Metropolitano de Concepción (ESAL25) basada en un proceso participativo que se desarrollará en dos etapas, una primera parte de diagnóstico y una segunda parte de propuesta estratégica.

Se propone como objetivo final de la ESAL25 visibilizar, promover y regenerar los sistemas alimentarios locales que abastecen el Área Metropolitana de Concepción (AMC), desde el ámbito regional, de manera que contribuyan a:

• Mejorar la salud y la seguridad alimentaria y nutricional de la población.
• Fomentar la sostenibilidad del agroecosistema metropolitano: la ambiental, la social y la económica.
• (Re)generar vínculos resilientes y saludables entre la ciudad y los territorios agrícolas y rurales de proximidad.

Se plantea como límite temporal el año 2025 para que esta estrategia sea aplicada en los municipios y territorios que quieran formar parte de la misma.

Esta Carta Agroalimentaria se plantea como el punto de partida y arranque del proceso participativo. Su propósito es el de consensuar y validar entre los actores territoriales los retos y los principios clave bajo los que se enmarcará el proceso participativo de diagnóstico y de propuesta estratégica de la ESAL25.

(1) Seguridad alimentaria y nutricional. Garantizar la capacidad del sistema alimentario urbano en su conjunto, y en particular la diversidad de sistemas locales, para contribuir a que las personas, en todo momento, tengan acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el de llevar una vida activa y sana

(2) Soberanía alimentaria. Por una parte, asegurar el derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimentaria, priorizando la producción agrícola local para alimentar a la población, el derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, cómo y quién se lo produce. Por otra parte, asegurar el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.

(3) Sostenibilidad territorial. Propiciar una relación equilibrada y sana entre el ámbito urbano y el territorio rural circundante, utilizando la dimensión alimentaria y los sistemas locales como eje para la regeneración y construcción de nuevos vínculos urbano-territoriales que constituyan la base de una bioregión.

(4) Huella alimentaria sustentable. Promover la relocalización de los sistemas alimentarios urbanos mediante la promoción de dietas más conscientes y sostenibles, el fortalecimiento de los circuitos cortos, la priorización de la escala regional como cuenca alimentaria de abastecimiento, y la reducción de su huella ecológica e hídrica.

(5) Transición agroecológica. Avanzar, de forma respetuosa a las realidades territoriales, en la adopción del enfoque agroecológico para interactuar con los agroecosistemas, entendiendo que éste busca el diálogo entre los saberes locales y los nuevos conocimientos científicos para desarrollar una agricultura más eficiente, sustentable y en consonancia con los ciclos ecológicos, las comunidades y las culturas que habitan los territorios. Los 10 pilares de la agroecología son: diversidad, creación conjunta e intercambio de conocimientos, sinergias, eficiencia, reciclaje, resiliencia, valores humanos y sociales, cultura y tradiciones alimentarias, gobernanza responsable, economía circular y solidaria.

(6) Transparencia y trazabilidad. Promover la capacidad del sistema alimentario urbano en su conjunto, y en particular de la diversidad de sistemas locales, de permitir rastrear tanto el origen de los alimentos que se distribuyen en la ciudad, como otras dimensiones de la cadena como la justicia social, impacto ambiental de la producción o conflictos existentes en el suelo agrario. Esto, con el objetivo de valorar y visibilizar los sistemas de proximidad, así como los sistemas justos y sostenibles.

(7) Resiliencia alimentaria. Fortalecer la capacidad adaptativa del sistema alimentario urbano en su conjunto, y en particular de la diversidad de sistemas locales, para asegurar un abastecimiento estratégico frente a situaciones de potencial dificultad o de emergencia natural, climática, socio-política o sanitaria.

(8) Economía circular. Integrar una visión de la economía en la cual se busque eliminar los residuos y disminuir la contaminación desde el diseño de los bienes y servicios asociados a los sistemas alimentarios locales; mantener los productos y materiales del proceso de producción, transformación, distribución y consumo de los alimentos en uso por el mayor tiempo posible; y regenerar los sistemas naturales y culturales que sustentan la alimentación local.

(9) Innovación local. Fomentar la búsqueda colectiva de soluciones y acciones innovadoras a escala local, que permitan hacer frente a las barreras actuales que frenan la transición a un sistema alimentario más autónomo, más adaptativo, más diverso, más local y más resiliente.

(10) Planificación alimentaria participativa. Incluir la dimensión alimentaria como eje transversal en las políticas públicas locales de forma que, participativamente, se materialice en una estrategia alimentaria, se determinen acciones, se adquieran compromisos y se asignen recursos para asegurar la salud nutricional de las personas que habitan en el ámbito urbano y la continuidad de la agricultura sostenible como eje de desarrollo endógeno en los municipios rurales.

(1) Principio de gobernanza alimentaria. Integración al sistema alimentario de estructuras de relaciones inclusivas que provean de mecanismos participativos que faciliten el debate, la convergencia de puntos de vista y la coordinación de medidas para promover y regenerar los sistemas alimentarios locales, visibilizando las responsabilidades en todas las dimensiones del sistema -producción, distribución, comercialización, acceso, consumo, elaboración y gestión de residuos.

(2) Principio de sostenibilidad. Promoción de la conciencia del uso de los recursos y de la producción de residuos en toda la cadena alimentaria -producción, distribución, comercialización, acceso, consumo y preparación-, para asegurar las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones.

(3) Principio de preservación y regeneración de los recursos críticos. Instalación de la necesidad de reconocimiento, preservación y regeneración de los recursos críticos de la Región del Bío Bío, suelo, agua y biodiversidad, a fin de garantizar su existencia y su calidad en el futuro para la producción de alimento y la vida misma.

(4) Principio de triple proximidad: espacial, social y cultural. Priorización de los alimentos que provengan de la región, que cuenten con el menor número de intermediarios/as posible, y que tengan una vinculación identitaria con la cultura local, fomentando los circuitos cortos de comercialización. Esto con el objetivo de fomentar la red económica local sobre la base de la solidaridad, justicia, equidad y asociatividad.

(5) Principio de diversidad en el sistema alimentario urbano. Diversificación del sistema en diferentes ámbitos: alimentos, modos de acceso, canales de comercialización, y actores, de forma que aumente la capacidad adaptativa del sistema y que proporcione una mayor resiliencia alimentaria a las personas.

(6) Principio de accesibilidad espacial, social y económico. Fomento del acceso a alimentos frescos y saludables, sostenibles y próximos para todas las personas. Se debe promover la democratización de este triple acceso, así como la disminución de las brechas de desigualdades en la alimentación.

(7) Principio de derecho a la alimentación. Fomento del acceso a alimentos frescos y saludables, sostenibles y próximos para todas las personas desde una perspectiva espacial, social y económica, promoviendo la democratización y la equidad, así como la disminución de las brechas de desigualdades en la alimentación.

(8) Principio de inclusión y enfoque de género. Desarrollo de acciones adaptadas a las diferentes realidades, individuales y comunitarias, a fin de asegurar la seguridad alimentaria de todas las personas. A su vez, estas acciones serán sensibles a las diferencias de género existentes en el ámbito de la alimentación, buscando reducir las brechas y relevar el rol de las mujeres en la promoción de los sistemas alimentarios locales.

(9) Principio de las culturas locales. Reconocimiento de las diferentes culturas presentes en el territorio (campesina, pueblos originarios, migrantes) a través del rescate y puesta en valor de las semillas y variedades locales, su agrobiodiversidad, formas de cultivo y reproducción, prácticas económicas, preparaciones de comidas y tradiciones propias de estas culturas.

(10) Principio de la cultura alimentaria. Promoción de una cultura alimentaria saludable, equilibrada, económica, socialmente apropiada y pertinente con las tradiciones e identidades culinarias del territorio.

(11) Principio ético de salud pública. Resguardo y proporción de cobertura a las necesidades colectivas esenciales para las personas, dentro de las cuales se encuentra la alimentación saludable.

La adhesión a esta Carta Agroalimentaria implica la aceptación y el apoyo al objetivo, los retos y los principios que implica en el proceso participativo que se abre para desarrollar la Estrategia de Sistemas Alimentarios Locales para el Ámbito Metropolitano de Concepción (ESAL25).

Para iniciar el proceso de adhesión a la Carta Agroalimentaria, invitamos a completar el siguiente formulario en línea:

FORMULARIO DE ADHERENCIA